El Clima en

HOY

MAÑANA

PASADO

La ONU pide la rendición de cuentas por los abusos a los rohinyás al más alto nivel
La ONU pide la rendición de cuentas por los abusos a los rohinyás al más alto nivel

Ginebra, 12 mar (EFE).- Expertos de Naciones Unidas pretenden que las más altas esferas del Gobierno birmano se responsabilicen por los crímenes cometidos contra los rohinyás, por lo que abogaron por crear una estructura que colecte y preserve evidencias de los abusos cometidos.

"La rendición de cuentas para los líderes civiles del Estado es importante, no solo los militares. No estoy señalando a una persona específica del Gobierno. Pero la complicidad también es muy importante, saber algo y no intervenir para detener o prevenir es parte de la rendición de cuentas", afirmó hoy la relatora especial de la ONU sobre Birmania, Yanghee Lee.

"La cantidad de información y de materiales que estamos recolectando es concreta y apabullante. Tenemos cientos de horrorosos relatos creíbles", afirmó, a su vez, el presidente de la Misión de Investigación de la ONU sobre Birmania, Marzuki Darusman.

Ambos presentaron hoy ante el Consejo de Derechos Humanos sus informes realizados a distancia -el Gobierno no les permite la entrada en el país- sobre la situación de los derechos humanos en Birmania (Myanmar) y especialmente en los estados de Kachin, Shan y Rakáin.

Fue en este último estado donde el pasado agosto se produjo una nueva ola de represión por parte de las autoridades militares birmanas contra la comunidad rohinyá, una minoría musulmana que si bien hace siglos que vive en el país no es reconocida como ciudadanos birmanos, por lo que son apátridas.

Los ataques de agosto fueron de una intensidad nunca vista pero siguieron un patrón establecido e implementado durante décadas, según denunciaron ambos expertos.

"Cualquier negación de la seriedad de la situación en el estado de Rakáin, las violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento de las víctimas es insoportable", dijo Darusman en referencia a la posición adoptada por el Ejecutivo birmano.

Una posición que mantuvo el representante del Gobierno de Aung San Suu Kyi que tomó la palabra tras la intervención de los dos expertos y que no sólo negó los hechos denunciados, sino que citó su colaboración sobre el terreno con las agencias de la ONU, ninguna de las cuales tiene acceso a los lugares donde tuvo lugar la represión.

Otro aspecto que negó el representante gubernamental birmano fue el hecho de que, a la práctica, se esté expropiando la tierra de las comunidades rohinyás, y explicó que las parcelas se están adaptando para recibir a los retornados.

Previamente, Lee había expuesto su inquietud de que se construyeran nuevos edificios y casernas militares en lugares que fueron pueblos rohinyás con la intención no solo de borrar sus trazos sino de impedir su reclamación.

"Tenemos imágenes de satélite de cientos de pueblos rohinyás totalmente arrasados por excavadoras que borran cualquier trazo de vida en la comunidad que una vez fue. Sin mencionar la destrucción de posibles evidencias de crímenes", subrayó Darusman.

El experto hizo un pormenorizado recuento de los abusos cometidos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, quemar personas vivas en sus casas, violaciones colectivas y asesinatos a sangre fría de niños, actos que han sido definidos por la ONU como limpieza étnica y que todos los expertos coinciden en que cumplen con los requisitos para ser definidos como crímenes contra la humanidad.

Precisamente, para facilitar un posterior procesamiento de los responsables, la experta pidió que se establezca una estructura fija que pueda indagar de forma creíble sobre lo ocurrido.

"Recomiendo el establecimiento de una estructura que esté basada en Cox's Bazar (Bangladesh) bajo los auspicios de la ONU para investigar, documentar, recoger, consolidar, analizar y mantener evidencias de violaciones de los derechos humanos, y facilitar el trabajo de procedimientos judiciales imparciales, justos e independientes, sean nacionales o internacionales", subrayó.

Tras la violencia de octubre de 2016, al menos 74.000 rohinyás cruzaron la frontera entre Birmania y Bangladesh para escapar de las operaciones militares que concluyeron en febrero, entre denuncias de que se habían cometido numerosos abusos contra la población civil.

El mismo patrón se repitió tras el 25 de agosto de 2017, con la diferencia de que la represión alcanzó niveles hasta ese momento nunca vistos y el éxodo fue de 680.000 personas, según el recuento de las agencias de la ONU.

En ambos casos los refugiados llegaron a la localidad bengalí de Cox's Bazar, que acoge a 900.000 rohinyás y donde Lee quiere, precisamente, que se establezca el órgano de recolección y preservación de pruebas.

"Estoy cada vez más convencida de que los crímenes cometidos tras las noches del 9 octubre de 2016 y del 25 de agosto de 2017 tienen las marcas de genocidio", concluyó Lee.

Sólo un Tribunal de Justicia puede decidir el nivel del crimen cometido y, específicamente, el de genocidio, dada su gravedad y la dificultad de probar la intencionalidad de destruir completamente una comunidad, pero para ello necesita pruebas y evidencias bien preservadas.

Por Marta Hurtado

COMENTARIOS